Idea

El pasado día 7 de noviembre, la comisión del parlamento europeo ha alcanzado un acuerdo para la política de cohesión en el período 2014-2020, liberando de esta manera la puesta en marcha del principal instrumento presupuestario de la Unión Europea para favorecer el crecimiento económico y la cohesión territorial.

De acuerdo con la información suministrada por la Comisión Europea, España recibirá en este período 25 mil millones de euros para acometer políticas de desarrollo económico y cohesión social y territorial. Esta cifra supone un descenso, en términos nominales, de los 31,5 mil millones aprobados en el período 2007-2013, y sitúa a España como tercer país receptor, tras Polonia e Italia.

No obstante este descenso en las previsiones, la cifra sigue siendo altamente considerable, especialmente si la apreciamos en el contexto de consolidación fiscal en el que se desenvuelven las políticas públicas en España. Estos 25 mil millones de euros se destinarán, conjuntamente con los fondos obtenidos a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para la puesta en marcha de iniciativas tendentes al cumplimiento en España de los objetivos de la estrategia Europa 2020, para un crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo. Se trata, por lo tanto de, un potente recurso económico al servicio de las administraciones para promover las condiciones estructurales que faciliten un crecimiento a largo plazo de la economía española.

Gran parte de las administraciones territoriales y de la Administración General del Estado están en estos momentos inmersas en los procesos de programación de dichos fondos, incluyendo la puesta a punto de los sistemas de gestión y rendición de cuentas, en un contexto en el que la Comisión Europea incrementará las exigencias para garantizar unas inversiones con impacto real en la economía de la Unión Europea. Los criterios de concentración, medición de rendimiento y planificación estratégica se han fortalecido para garantizar un buen uso de los fondos, no sólo en términos de su gestión diaria, sino también en términos de maximizar su impacto en el crecimiento económico y el desarrollo social sostenible.

Ese incremento de las exigencias de programación y control tiene su justificación: de acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea para el ejercicio 2011, la política regional es la partida con mayor tasa de error material en la ejecución presupuestaria, con un 6,7% estimado sobre el total. En un contexto en el que las negociaciones sobre la puesta en marcha de las perspectivas financieras 2014-2020 no han estado exentas de tensiones entre los países donantes y receptores netos, garantizar la máxima rentabilidad económica y social de cada euro invertido se convertirá en la prioridad.

La Unión Europea no puede permitirse otra cosa: en una economía global cada vez más competitiva, sentar las bases para un crecimiento sostenido a largo plazo requiere maximizar los recursos disponibles, elegir muy afinadamente las inversiones prioritarias, y establecer estrictos sistemas de gestión, monitoreo y control.

La recompensa a una buena programación y una buena gestión de los fondos estructurales será grande: además de mejorar las tasas de absorción de dichos fondos –para lo cual existe un amplio margen de mejora-, tendremos a nuestra disposición una importante herramienta para apoyar el crecimiento económico y la calidad de vida de la ciudadanía.