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El acuerdo de París sobre Cambio Climático: un reto y una oportunidad

Tras años de dudas y titubeos, en los que no aparecía clara una salida para dar continuidad a los esfuerzos del protocolo de Kyoto, el consenso alcanzado representa un logro histórico para la comunidad internacional, un logro que nos atañe a todos y todas en el trabajo por conseguir un modelo de crecimiento económico sostenible y perdurable.

El acuerdo, con un carácter vinculante menos robusto que el protocolo de Kyoto, tiene como objetivo mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2º centígrados por encima de los niveles preindustriales, dejando a cada país los instrumentos y medios necesarios para poder ser llevado adelante. Plantea también un importante refuerzo de la financiación para los países en vías de desarrollo, tanto en materia de mitigación del Cambio Climático, como de Adaptación. Señala la necesidad de que el pico de emisiones de gases de efecto invernadero se alcance cuanto antes, y se generaliza la posibilidad del uso de mercados de emisiones –como el mercado europeo- en lo que se conoce como un sistema “Cap and Trade” (Techar y comerciar) que permite que las empresas y agentes emisores negocien derechos de emisión en el mercado, comprando derechos a aquellas empresas y agentes que dejen de emitir.

Hay estimaciones que señalan que el coste del acuerdo estará por encima de un billón de dólares al año a partir de 2030, lo cual significa una cifra alrededor del 1% del PIB mundial. Esta cifra coincide con las estimaciones de economistas como Nicholas Stern, quien ha señalado que este coste debe compararse con el coste de la no acción, esto es, el perjuicio generado por el propio cambio climático, que él cifra en alrededor del 20% del PIB mundial.

El acuerdo tiene relevancia mundial y sin duda debe ser considerado un impulso a la política europea de Cambio Climático, que ya había establecido sus objetivos de reducción de emisiones para el año 2030 y para el 2050, cifrando unas reducciones del 40% de los gases de efecto invernadero en relación con su volumen de 1990.

Para las administraciones públicas y el sector privado, el acuerdo representa tanto un reto como una oportunidad. Al despliegue de las energías bajas en carbono, como las renovables, hay que añadir la creciente importante del ahorro y la eficiencia energética, en lo que países como España tienen todavía mucho espacio para la mejora. En los últimos años, España ha puesto en marcha una batería de políticas relacionadas con el ahorro y la eficiencia, incluyendo la puesta en marcha del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, o el Programa Jessica FIDAE, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y gestionado por el Instituto de Ahorro y Diversificación Energética (IDAE). Para el período 2014-2020, España se ha comprometido con la puesta en marcha de nuevos instrumentos a partir de 2017, que están en fase de estudio inicial.

Pero no se trata sólo de conseguir financiación. Las capacidades de las administraciones públicas y del sector privado para establecer planes de eficiencia y ahorro de alcance deben ser reforzadas. El mercado de servicios de eficiencia energética en España sigue siendo pequeño, con pocas empresas realmente especializadas y una inversión final lejos de su potencial. No debemos olvidar que el sector de la eficiencia genera riqueza y empleo, y puede absorber, particularmente en el ámbito de la construcción residencial, parte del empleo destruido durante la crisis en el sector de la construcción.

La política de innovación en materia de energía es también determinante. La energía es uno de los sectores prioritarios de la estrategia nacional de I+D, y la presencia en algunas estrategias de especialización inteligente permiten movilizar recursos de los fondos estructurales para promover la I+D en este ámbito. No debemos olvidar que España está entre los países con mayor número de patentes en el ámbito de las energías renovables, posición que no debemos perder.

Los retos están ahí y la capacidad de movilizar financiación también, falta una adecuada sensibilización, regulación y capacitación para orientar a nuestra economía hacia una economía baja en carbono. Tendremos oportunidades durante los próximos años. No debemos desaprovecharlas.

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