Idea

Pasada ya la primera semana tras las elecciones municipales y autonómicas es posible hacer un análisis sosegado de lo que han arrojado los resultados. Y más allá de interesantes lecturas sobre las dinámicas internas generadas en el seno de los partidos o sobre los posibles pactos para conformar gobiernos, vamos a intentar hacer una (voluntariosa) interpretación de lo que los resultados electorales arrojan en términos de cambio de cultura política y las posibles respuestas de las Administraciones Públicas a las nuevas demandas planteadas por el electorado.

La trasparencia como antídoto.

No es un debate nuevo, pero parece que esta vez sí ha entrado con fuerza en la arena política y lo ha hecho con valor añadido electoral empujado por el discurso de los nuevos partidos y la acumulación de escándalos de toda índole. Aunque centrando el foco en el problema, la corrupción, más que en la solución, la transparencia, esta última se abre camino en las propuestas políticas ya sea a partir de la penalización de comportamientos poco éticos (e incluso delictivos) de ciertos partidos, gobiernos y/o candidatos/as, o como parte de una oferta de regeneración democrática que pasa por una gestión más abierta al control ciudadano, que permita, además, aumentar la eficacia y eficiencia de la actuaciones de las administraciones públicas.

Centrar el debate en el problema más que en la solución quizá no sea el ideal en términos de diseño de políticas públicas, no obstante, manteniendo la visión optimista, la emergencia del problema, en un contexto de crisis y perdida de bienestar, ha permitido su toma de conciencia por parte de la ciudadanía, estrechando el margen de tolerancia a determinados comportamientos que el sistema (y la ciudadanía forma parte del sistema) no debe permitir de nuevo.

Este es un primer paso en un cambio necesario hacia una cultura política de tolerancia cero a la corrupción y de rendición de cuentas por parte de cargos públicos y gestores. Los siguientes pasos, los de la puesta en marcha y consolidación de esta nueva cultura política, dependen de la respuesta que ofrezcan las propias Administraciones Públicas. En este sentido, y esta es una idea repetida mil y una veces pero que no por ello exenta de verdad, el nivel local y el autonómico son los más adecuados para comenzar esta “revolución en la gestión”, tanto por la proximidad entre administración y ciudadanía, como por incidencia del presupuesto público en la vida de las personas (reiteramos la visión optimista y de futuro obviando de forma intencionada la prevalencia de la enfermedad en estos niveles de la administración).

Independientemente de los debates que se puedan plantear sobre el conjunto del sistema, la implementación inmediata de políticas de transparencia, gobierno abierto, eficacia en la gestión, seguimiento y evaluación, etc. son fundamentales para mejorar la salud democrática las instituciones, además de una ventana de oportunidad que los nuevos responsables públicos (sean del color que sean) no han de desperdiciar si quieren ofrecer soluciones responsables a las demandas de la ciudadanía.

Hasta ahora, y tristemente, quizá con cierta razón, la puesta en marcha de estas políticas de transparencia y buen gobierno no ha sido una prioridad para algunos políticos y gestores, ya que eran percibidas como una arriesgada (y evitable) exposición de su gestión. La emergencia de este debate y la demanda de soluciones por parte del electorado suponen un aumento automático de los incentivos para apostar por ellas, independientemente de las razones que impulsen la toma de decisiones. Entrando en los incentivos y/o las razones o que las deben impulsar, siempre será mejor y más enriquecedor hacerlo desde el convencimiento sobre su necesidad y bondad (rendición de cuentas, eficacia y eficiencia del gasto público, dialogo permanente con la ciudadanía y aumento de la participación en las políticas públicas) que desde la gestión calculada del riesgo (aumentar control y transparencia para evitar malas prácticas o, simplemente, evitar que tu gestión sea señalada por los tribunales, la oposición, los medios de comunicación, o la ciudadanía).