Idea
Pequeños pasos para desenmarañar la madeja de la trata de seres humanos.
A lo largo de 2015 habrán de aprobarse 36 programas nacionales más hasta una cuantía global próxima a los 7.000 millones de euros. Una aportación financiera sustanciosa que pretende enfrentar uno de los problemas más urgentes de los 28 Estados Miembros, entre los que España ocupa un lugar visible, el de la gestión de los flujos migratorios dentro y fuera de nuestros límites territoriales.
Atender eficientemente a los flujos humanos que llegan a nuestras fronteras, sean terrestres o marítimas, no es únicamente una cuestión de derechos humanos sino de lucha contra el crimen organizado. La actividad de las mafias internacionales se entremezcla y a veces se camufla con la inmigración ilegal en las rutas de entrada a la UE, alimentando uno de los negocios in crescendo más lucrativos del mundo, la trata de seres humanos.
En efecto, el de la trata de seres humanos es un delito de muy complicada represión, severa violación de derechos humanos y con un importante componente de género – buena parte de las personas víctimas de trata por todo el planeta son mujeres que con posterioridad serán vendidas como prostitutas -. En Europa, este negocio movió 35.600 millones de € en 2014 (OIT), donde 30.146 personas fueron identificadas en los 28 Estados de la Unión como víctimas de trata entre 2010 y 2012. El 69% de las personas tratadas lo fueron con fines de explotación sexual (el 95% de ellas mujeres incluidos 1.000 menores), el 19% para explotación laboral y un 12% restante para otras formas de explotación (entre ellas mendicidad o tráfico de órganos).
Consciente de ello la UE ha evolucionado en los últimos años desde un abordaje puramente represivo a un enfoque más holístico, que pretende ofrecer una respuesta conjunta a un problema de carácter trasnacional, contra el que no se puede luchar por separado. En este sentido, la Directiva 36/2011/CE para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, primero, y la Estrategia Europea para la Erradicación del Tráfico de Seres Humanos, adoptada en 2012, han servido para construir un marco sólido e integral que permita combatir este complejo fenómeno desde sus principales vertientes, esto es, la atención a las víctimas, la prevención y reducción de la demanda, la persecución y punición de los traficantes y (la tan necesaria) coordinación, cooperación y coherencia política y de mecanismos nacionales.
Se han dado pasos de verdadero interés en este sentido como la creación de un Coordinador europeo anti-tráfico, o la obligación para los Estados Miembros de crear Relatorías Nacionales en esta materia que informen periódicamente de las políticas nacionales anti-trata y que recopilen datos al respecto.
En España, pese a ser uno de los Estados de la Unión claves en la recepción, distribución y tránsito del tráfico de personas a nivel europeo, no hay datos oficiales sobre el volumen de negocio que esta actividad criminal genera1 . Si en 2010 el entonces Ministerio de Igualdad lanzó el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos, en la actualidad se abren nuevas expectativas con la reciente creación de la Relatoría Nacional contra la Trata, resultado directo de lo previsto en la Directiva 36/2011. Este organismo, vinculado al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, debería contribuir a paliar el déficit de información señalado, pero también a la revisión y análisis de las políticas, y a favorecer una actuación de las administraciones españolas más coordinada e integrada, en la que tengan cabida la sociedad civil y las organizaciones del tercer sector.
A falta de la tan demandada “ley integral contra la trata” por las organizaciones del tercer sector y resonando en los oídos los ecos del informe Greta 2013, que señalaban los huecos en nuestro país en la prevención de este fenómeno, habrá que seguir con interés los avances que esta nueva Relatoría pueda suponer.
1Según los cálculos del INE (2014) la prostitución, en buena medida deudora de la trata de mujeres, computaría un 0.35% del PIB.